Tierra de maíz

Los pueblos indígenas de los departamentos de Caldas, Risaralda, Huila, Tolima, Nariño, Valle, Cauca, Córdoba, Quindío, Chocó y Antioquia, agrupados en la Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC) declaramos lo siguiente:

1.- El Señor Álvaro Uribe Vélez, en su ocho (8) años de gobierno autoritario y despótico nunca tuvo en cuenta al movimiento indígena, sus comunidades y organizaciones, de tal suerte que continúo con la política estatal de desconocimiento de nuestros derechos por lo que no nos equivocamos al sostener que contribuyó su política al exterminio de nuestra existencia como pueblo originario.
2.- En mismo sentido fomentó el divisionismo entre los indígenas colombianos a través de la creación de organizaciones paralelas como la organización de los pueblos indígenas de Colombia (OPIC), lo que evidenció una descarada e irrespetuosa intromisión en la autonomía e independencia en nuestros asuntos de gobierno y de administración.

3.- Mientras tanto el nuevo gobierno nacional en cabeza del Señor Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, ante autoridades indígenas de la Sierra Nevada realizó un acto simbólico de posesión de su mandato.

Ese acto generó una falsa expectativa entre los colombianos y en el movimiento indígena en el que el mensaje es de unidad alrededor de su gobierno por parte de los pueblos ancestrales.

Los pueblos reunidos en el Resguardo de San Lorenzo Municipio de Ríosucio (Caldas) no rechazamos ni condenamos las acciones políticos espirituales de los demás pueblos hermanos que autónomamente decidan confiar en los pensamientos de quienes muestran voluntad de arrepentimiento y de consideración de que una Colombia, para ser justa sus gobernantes reconozcan la existencia de pueblos preexistentes al Estado Colombiano.

De igual forma recordamos que una acción de refrescamiento espiritual no niega una realidad crítica en materia humanitaria, social y política de la sociedad colombiana y particularmente en mayor estado de vulnerabilidad como lo son los pueblos indígenas.

4. Es relevante recordar que los pueblos indígenas vivimos en medio del conflicto interno armado. En ese escenario de guerra, hemos sido asesinados, desplazados de nuestras tierras ancestrales, los actores armados han tomado nuestros territorios como campo de batalla, violando nuestros derechos humanos y no aplicando el Derecho Internacional Humanitario.

El Estado y los distintos gobiernos colombianos han abierto públicamente y a favor de empresas mineras transnacionales, la entrega de los recursos mineros, hidrocarburos, ambientales, sin tener en cuenta nuestro consentimiento.

Resuelve:

1.- Hacer un vehemente llamado a la unidad del todos los pueblos indígenas colombianos alrededor de la defensa de nuestros territorios y de los derechos de nuestras comunidades, por lo que es imperativo seguir resistiendo democráticamente al lado del pueblo, por la democracia, contra la guerra y por una salida distinta a la militar en Colombia.

2.- Rodear a las comunidades, pueblos, organizaciones regionales y a la ONIC en el ejercicio soberano de representación y de exigibilidad para que el gobierno en cabeza del Presidente Santos respete, valore y reafirme los mandatos emanados de los congresos de los pueblos.

3.- No compartimos las políticas ni las propuestas del gobierno nacional por considerarlas ajenas a nuestra identidad, a nuestra cultura, porque representa la política continuista del régimen de la “Seguridad Democrática” y de vulneración de los derechos humanos.

A pesar de ello reconocemos como válida la interlocución entre gobiernos y naciones pues nosotros somos pueblo con gobiernos y autoridades propias, por lo que estamos dispuestos abrir espacios de diálogos sobre territorio, recursos naturales y mineros, gobierno, educación, planes de desarrollo, salud, derechos humanos y conflicto interno amado entre otros.



Pueblos indígenas de la Macro – Occidente de San Lorenzo